El último plazo que se había fijado en el convenio judicial preventivo de quiebra, y que fue solicitado por los dueños de la mina el 31 de agosto de 2010 para deshacerse de los activos y pagar parte de las deudas, todo lo cual vence el próximo 30 de marzo. Sin embargo, hace dos semanas, los acreedores llegaron a un acuerdo y el plazo se corrió un año más, hasta el 31 de marzo de 2017.
De los acreedores, el Fisco es uno de los más importantes y justamente quedó en esa condición, luego de los gastos por el accidente de los mineros. Según el acta de la junta de acreedores del 20 de enero de este año, la Tesorería General de la República es acreedor preferente por $975 millones, mientras que la Empresa Nacional de Minería (Enami), acusa otros $2.698 millones. Además, como valista, al Estado se le adeudan otros $3.744 millones.
De acuerdo a los antecedentes que se han acumulado en el 17° Juzgado Civil de Santiago, donde se lleva el proceso, para la minera ligada a los empresarios Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, no ha sido fácil vender las pertenencias y con el derrumbe las cosas cambiaron para peor. Los activos de la empresa al 2010 alcanzaban los $4.553 millones.
Fuente: La Tercera
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