Ese proceso ha estado amparado en dos hechos relevantes: primero, la participación que han tenido en instancias como las que ha impulsado la organización Valor Minero en torno a la resolución de conflictos en el territorio y, además, los mensajes que han transmitido ministros de la Corte Suprema, donde han enfatizado en la necesidad de terminar con cosas como la circularidad judicial, donde básicamente la serie de recursos que se pueden ir interponiendo en Tribunales son los que sellan la viabilidad o no de una inversión.
Además, comenta Guevara, las cifras muestran que casi el 80% del valor económico de los proyectos de inversión hoy está en tres instancias: el Comité de Ministros, los Tribunales Ambientales o la Corte Suprema.
Por ello, revisaron la legislación vigente y detectaron que bajo el Código de Procedimiento Civil había una vía para abrir un camino distinto de solución a la disputa que mantiene Andes Iron con el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), propuesta que reconoce tomó por sorpresa a los abogados que el viernes participaron de una audiencia en La Serena.
En el proceso de Andes Iron y el SEA participan además nueve organizaciones como terceros interesados en el caso, donde seis están en contra de la iniciativa y tres a favor.
Consultado sobre si esta salida fue conversada con el gobierno, lo descarta de plano, dado que el Tribunal Ambiental debe garantizar la independencia y defiende la medida, porque el Poder Judicial tiene la misión de ir generando contrapesos respecto de la actuación de la administración pública.
Guevara asevera que “habrá que hacer un gran esfuerzo para llegar a un acuerdo”, ya que si bien el acuerdo matriz debe darse entre las dos partes principales del caso, es necesario que los otros participantes estén a favor de lo que resulte.
Por este motivo, adelanta que los ministros del tribunal -que está compuesto además por el abogado Mauricio Oviedo y el ingeniero Forestal Marcelo Hernández- ya han avanzado en lo que será la propuesta que presentarán el 14 de marzo y en base a lo que fueron los alegatos de los 11 intervinientes tienen un cuadro comparativo de los puntos fundamentales de cada postura, lo que da ciertas garantías de que la propuesta no será al antojo del Tribunal Ambiental.
Fuente: Diario Financiero
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