La paralización de las obras de prestripping (movimiento de tierra para la apertura del rajo), dictada por el Sernageomin, en octubre del 2012, sumada a la suspensión de construir por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) en mayo pasado y la resolución de la Corte de Apelaciones de Copiapó, que acogió un recurso ambiental de las comunidades indígenas, derivaron en que la canadiense no pueda activar el contrato de suministro eléctrico por 120 MW (alrededor de US$ 70 millones anuales).
Este último fue suscrito en junio del 2010 con la eléctrica Guacolda, controlada por AES Gener, Copec y el grupo Von Appen.
Dicho contrato empezaba a regir en 2013, en línea con el inicio de operaciones de la iniciativa, que en ese entonces se contemplaba para los primeros meses del presente año.
Fuentes del sector comentaron que los ejecutivos de la minera iniciaron hace cuatro meses conversaciones con la generadora para asegurar el contrato.
“El plan es tratar de mantener vigente el contrato para cuando el proyecto entre en marcha, lo que se estima podría concretarse a mediados del 2016”, comentaron las fuentes.
Además de asegurar el suministro de la operación -cuya inversión supera los US$ 8.500 millones- se buscaría mantener los precios pactados hace tres años. En caso de que no prosperen las conversaciones, el caso podría activar un sistema de arbitraje, como el que enfrentan otras mineras con eléctricas, entre ellas Codelco y E-CL.
Según fuentes de la industria, Barrick argumentaría que el retraso de su proyecto no ha generado perjuicios financieros para Guacolda, ya que está vendiendo la energía a costo marginal, con precios mucho más altos que los pactados con Pascua Lama. Durante este año, el costo marginal -precio al cual las empresas compran la energía- promedia US$164,8 por MW/hora (al 17 de octubre).
Fuente: América Economía
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