Ello porque la cantidad de involucrados, los delitos que eventualmente se podrían configurar y la complejidad del esquema de operaciones, hace que aún ni siquiera exista un horizonte probable para realizar esta investigación que involucra a SQM (Sociedad Química y Minera de Chile).
Por el momento hay claridad respecto de que el Ministerio Público abordará tanto los antecedentes de la querella que fue presentada en la Fiscalía Oriente -y luego derivada a la Centro Norte- por el accionista minoritario Roberto Lobos Cerda, a raíz de la supuesta realización de transacciones ficticias con títulos de SQM –A, que fueron intermediados por Linzor Capital en 2011, además de los antecedentes que originaron el requerimiento de la investigación por parte de la SVS (Superintendencia de Valores y Seguros) y que involucra operaciones realizadas entre 2009 y 2011.
Entre los cinco cargos formulados por el regulador en contra de Julio Ponce, Presidente de SQM, dos son delitos que comprenden penas de cárcel de hasta 10 años, las infracciones al artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores por efectuar transacciones ficticias y transar o inducir a transar valores por mecanismos engañosos o fraudulentos.
Sin embargo, al conocerse el expediente que originó los cargos levantados por el regulador contra Ponce y ejecutivos de las sociedades Cascadas, se podría abrir una nueva arista: si se configura o no el delito de asociación ilícita.
Lo anterior debido a que la SVS detalla en dicho documento las relaciones de las diferentes sociedades que configuraron un “esquema de operaciones” y que fueron agrupadas en Cascadas (sociedades anónimas abiertas que conforman parte de la cadena de control de SQM), Relacionadas (sociedades bajo el control de Julio Ponce distintas de las sociedades cascada), Vinculadas (sociedades en cuya propiedad participa un cercano a Julio Ponce) e Instrumentales (presentan algún tipo de vínculo transaccional con las Relacionadas o con las Vinculadas).
Fuente: Diario Financiero
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