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Lunes 11 de Diciembre de 2017 11:42

Minera Cerro Casale va por su 3er permiso ambiental y cumple 20 años sin concretarse


Lo cierto es que a la minera le quedan al menos cinco años para iniciar la construcción, convirtiéndose en el proyecto de inversión en curso más longevo en la historia reciente de Chile.

En la industria señalan que Cerro Casale, ubicado en el cinturón aurífero Maricunga, en la cordillera frente a Copiapó, bate récord en tardanza en su concreción. Cuando se lanzó hace dos décadas, ya era un proyecto de envergadura y estaba en manos de grandes compañías mineras (entonces, Bema y Amax Gold). El proyecto costaba en 1997 un total de US$1.300 millones. Hoy supera los US$5.200 millones.

¿Qué pasó? El proyecto original, denominado Minera Aldebarán, logró su permiso ambiental en enero de 2002, pero los dueños a partir de 1998 (las canadienses Barrick y Kinross) decidieron ampliar su diseño original. Ese nuevo estudio ambiental se presentó en 2011 y se aprobó en 2013. 

Pero en su contra se interpusieron varios recursos de reclamación, que fueron resueltos por el Comité de Ministros de Medio Ambiente en mayo de 2015, el cual decidió dar menos agua de la que el proyecto necesitaría. Por este motivo Cerro Casale reclamó ante el Tribunal Ambiental, el que ordenó al Comité de Ministros dictar una nueva resolución. Ello se concretó el pasado 7 de septiembre, y si bien se aprobó el proyecto, no se sabe sobre los requerimientos hídricos que fueron autorizados para la iniciativa.

¿Es esto normal?, a juicio de los accionistas de Casale, no lo es. “Hacer minería en Chile no es fácil. Las exigencias ambientales son tan altas como en Canadá y Australia, a lo que hay que sumar la incertidumbre que genera la judicialización”, sostienen los dueños de Cerro Casale.

En este rubro, comentan que la RCA es solo el primer gran escollo con el que se topan las empresas que quieren hacer un proyecto nuevo. Luego vienen los permisos sectoriales, desde Vialidad (MOP) para los caminos, hasta la Conaf o la Autoridad Marítima si es que se construye infraestructura complementaria, como una desalinizadora de agua de mar o un puerto. 

“Se requieren miles de permisos, que se otorgan por parte de la autoridad a distintos ritmos”, comentan en Casale. Incluso, hay permisos donde la autoridad central no tiene mayor injerencia, como los que otorga Conaf o el Consejo de Monumentos Nacionales.

Fuente: El Mercurio

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