Aunque el Tribunal tiene todo el mes para entregar el dictamen, el retraso generó distintas teorías en La Moneda, Andes Iron , e incluso, en los sectores ambientalistas.
“Ojalá que el Tribunal Ambiental no se ponga muy creativo”, sostuvo un profesional cercano a la empresa. Porque hasta esta semana, en la compañía Andes Iron había optimismo, en el sentido de esperar una sentencia bajo dos escenarios que estimaban como los más probables: que el caso volviera al último acto legal válido, que según la firma era el Informe Consolidado de Evaluación (ICE), el cual recomendaba aprobar al proyecto.
El escenario número dos es que se retrotrajera al último acto inválido que ellos estiman, esto es, que volviera al Comité de Ministros, que en el gobierno de Michelle Bachelet rechazó la iniciativa.
Pero la postergación del fallo incitó la imaginación en algunos sectores de la empresa y los hizo pensar en un tercer escenario: que el proyecto se rechace por presiones de distinto tipo.
Incluso, algunos entre las ONG ambientales señalan que el Tribunal postergó su decisión, debido a la denuncia hecha por la ONG Oceana sobre un sumario administrativo en el Servicio de Evaluación Ambiental de Coquimbo.
Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de esta organización ambiental, precisó que “durante el proceso de evaluación ambiental hubo irregularidades que hicimos ver en cada etapa” y “durante la evaluación el SEA de Coquimbo excluyó del proceso las observaciones de los organismos más críticos al proyecto, como Conaf y el Seremi de Agricultura”.
A esto se suma la reciente investigación a la cual Oceana accedió por medio de la Ley de Transparencia, y donde los funcionarios del SEA de Coquimbo afirman que fueron excluidos de la evaluación del proyecto, denunciando que fue el nivel central el que recomendó la aprobación del mismo, según describe Van der Meer.
En tanto, en La Moneda el tema se ha monitoreado permanentemente, porque hay un interés del gobierno en incentivar la inversión y este proyecto produce un impacto inmediato en la economía de la zona, creando sobre 10 mil puestos de trabajo. Pero también tomaron nota de la denuncia de Oceana.
Fuente: El Mercurio
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