La primera acción fue por parte de un grupo de parlamentarios UDI y RN, que se querellaron por presunto fraude al fisco, tráfico de influencias y negociación incompatible, luego de conocerse el informe de contraloría que revelaba eventuales irregularidades en contratos pactados entre 2013 y 2015.
“Nos parece muy importante que se pueda destapar la olla y estudiar en profundidad estos antecedentes con el propósito de poder determinar la existencia o no de esta clase de delitos”, explicó el abogado querellante, Eduardo Riquelme.
“Creemos que existen antecedentes fehacientes, acreditados por la Contraloría, que dan pie a la estimación de que aquí hay delitos, delitos sobre la base de servicios que no fueron prestados, relaciones de parentesco que favorecieron ciertos contratos por miles de millones de pesos, y la verdad es que el país espera que se llegue al fondo de la verdad”, agregó el abogado.
En tanto, el diputado UDI, Felipe Ward, sostuvo que los hechos corresponden a la revisión de un 1% de los contratos de la minera estatal, por lo que aún “hay mucho paño por cortar”. Así, la querella ayudaría a aportar nuevos antecedentes.
A lo anterior se sumó el requerimiento de los diputados de la DC Yasna Provoste, Gabriel Silber y Ricardo Rincón, que en representación de su bancada pidieron al Consejo de Defensa del Estado (CDE) entablar acciones legales, por la vía penal o civil, para recuperar los dineros del Estado que se habrían pagado en exceso. Además, solicitaron que se indague sobre contratos entre partes relacionadas.
“Recordemos que se han invertido platas del Estado de cerca de $28 mil millones y habría más de 50 ejecutivos que recibieron indemnizaciones del orden de $200 millones y $500 millones. Al margen de lo escandaloso, la Contraloría ha señalado que la empresa se excedió en el pago de estos egresos. Por ello estamos pidiendo al CDE, ya sea por la vía civil o penal, entable las acciones legales tendientes a recuperar estas platas mal pagadas”, sentenció el diputado Silber.
Lo anterior suma nuevas aristas a la polémica que enfrenta Codelco, luego de que Contraloría cuestionara la indemnización de $511 millones al ex dirigente sindical y trabajador de Chuquicamata, Augusto González, tras acogerse a un plan de retiro voluntario. Ello al tiempo que se revelaran contratos por US$783 millones que Codelco habría acordado entre 2013 y 2015 con empresas relacionadas.
Fuente: El Mostrador
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