Fue en ese escenario que calificó como un “conflicto superficial” la reacción de la administración de la minera, tras conocerse el dictamen de la entidad fiscalizadora, donde cuestiona la indemnización que recibió el ex director y dirigente sindical, Augusto González.
El contralor aclaró los alcances de ese documento y reiteró que se centra en la doble cobertura que tuvo el ex trabajador, dado que recibió una indemnización por años de servicio que ascendió a $209 millones y además accedió a $136 millones por el beneficio establecido en el plan de retiro voluntario que la empresa impulsa en la división Chuquicamata.
Lo anterior sumado a vacaciones que tenía pendientes y al bono por antigüedad, dejó un saldo total de $511 millones para Augusto Gonzalez.
Bermúdez aseguró que este proceso no incidirá en las negociaciones de la empresa con sus trabajadores, ni tampoco en sus contratos vigentes, ya que el citado pronunciamiento se ciñe solamente a recordar a la corporación que en casos como ese, debe tener presente los principios de eficiencia, transparencia y probidad, tal como todas las empresas públicas, ya que “estamos hablando de la administración de un patrimonio ajeno, de dinero que pertenece al Estado”, aseguró.
En esa línea, la autoridad aseguró que nadie dentro del Estado está fuera del control del organismo que encabeza, y ejemplificó diciendo que “si se va a pactar un plan de egreso, no puede salir más caro que mantener al trabajador trabajando. Eso es evidente, por lo que si usted me dice que pagar $511 millones es más barato que mantener al trabajador, a lo mejor uno hubiese dicho que esto era más eficiente, pero no fue el caso”, sentenció Bermudez.
El fiscalizador también acusó una caricaturización y un bombardeo mediático por parte de la empresa, e incluso planteó falta de comprensión lectora en la interpretación del pronunciamiento, debido a que según precisó el contralor, en ningún momento reza sobre la gestión de la empresa, ni tampoco sugiere que ésta deba regirse por la Ley de Compras Públicas.
Por tales motivos, Bermudez llamó a entender mejor lo dictaminado, ya que los sindicatos hablaron sobre una supuesta paralización de la empresa a partir del dictamen, lo que fue descartado por el contralor.
No obstante, consultado por los senadores, Bermúdez confirmó que a raíz de casos como el del ex trabajador Augusto González, se incluirá a Codelco en la matriz de riesgo que maneja el organismo. Por lo que eventualmente podrían realizarse nuevas indagaciones que podrían dar pie a investigaciones más exhaustivas como el informe 900, que ya está en poder de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet
Fuente: Diario Financiero
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