Por un lado, existe el temor de que superar la ley reservada menoscabe a las Fuerzas Armadas y con ello se genere un riesgo para la seguridad del país. Por otro lado, un amplio sector del país parece creer que todos los problemas de Codelco se resolverían sin esta ley.
Este es el momento para que el país demuestre su madurez, resolviendo esta situación a través de una evolución tanto en materia de gestión de empresas públicas como de manejo democrático de su seguridad nacional. En efecto, es necesario reconocer que la ley reservada del cobre es una mala solución para un país con el nivel de desarrollo que ostenta en el concierto internacional de naciones, incluyendo su membresía a la OECD.
La ley reservada del cobre pudo funcionar bien por décadas, mientras alcanzaban los recursos que se extraían de las grandes minas -Chuquicamata y El Teniente especialmente -, sin afectar su competitividad, situación que ya no es posible. Y también esta ley funcionó mientras Chile fue un país de ingresos relativamente bajos, en el cual la compra de armamentos era un tema de extrema complejidad, con el agravante de relaciones entre militares y sociedad civil que no siempre estaban revestidas de confianza.
Por lo anterior es que este precario sistema, concebido como una solución imperfecta en el marco de un país subdesarrollado, no puede ser continuado a menos que se estime, a modo de vergonzosa confesión, que el Chile actual no es capaz de contar con un sistema mejor.
Lo que está en juego, por tanto, es la posibilidad de evolucionar en dos aspectos simultáneamente.
La superación de la ley reservada del cobre, anunciada para fines de este año, permitirá evaluar cuán maduro está nuestro sistema democrático y nuestro Estado. Y sabremos si hay visión y voluntad suficiente para permitirle a Codelco avanzar hacia condiciones que aseguren su competitividad en la industria mundial del cobre, así como para construir una relación más madura con las Fuerzas Armadas.
Columna de Juan Carlos Guajardo publicada en La Tercera
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