El fallo, con fecha 18 de mayo de 2018, plantea en su decisión final “desestimar en su totalidad la solicitud de anulación”, solicitada por el Estado boliviano.
En el texto, de 66 páginas, se explica que las razones para la anulación de un laudo son las siguientes: “Si el tribunal hubiera sido constituido incorrectamente o se hubiera extralimitado manifiestamente en sus facultades, hubiera habido corrupción de algún miembro del tribunal, hubiera habido quebrantamiento grave de una norma de procedimiento o no se hubieren expresado en el laudo los motivos en los que se funda”.
Sin embargo, nada de ello ocurrió, de acuerdo al fallo del Ciadi. Cabe recordar que en septiembre de 2015, el empresario chileno Allan Fosk, gerente general de la compañía minera Quiborax -defendida por el estudio Bofill Mir & Álvarez Jana- fue notificado de que el Ciadi había resuelto que el Estado boliviano tendría que indemnizar a la empresa.
Fuente: El Mercurio
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