En el detalle, Codelco realizó una diferenciación entre dos grupos de empleados que se pueden acoger a este programa: los trabajadores con incapacidad laboral o contraindicaciones médicas, y aquellos que se desempeñan en áreas de cierre, rediseño y optimizaciones.
Para el primero, más allá de la indemnización legal que corresponde a cualquier trabajador, la estatal dispondrá de una indemnización especial de hasta 2.166 UF ($59,4 millones), mientras que para el otro grupo, esta cifra será de unas 1.866 UF ($51,2 millones).
Según las estimaciones de los sindicatos, serían entre 800 y 900 quienes podrían acogerse a esta modalidad de retiro, siempre y cuando se logre un nuevo acercamiento. Respecto de los demás trabajadores, explican que existiría una importante cantidad que podrían ser reubicados en otras faenas del Distrito Norte, que se suman a otros operarios con contrato a plazo fijo.
Sin embargo, lo que hace ruido entre los trabajadores tiene que ver con la cobertura de salud, ya que la estatal ofrece cinco y dos años, respectivamente, a ambos grupos como beneficio post salida de la minera, mientras que los sindicatos de la faena apuntan a que esta cobertura se extienda, al menos, por ocho años.
“Hasta el momento, la propuesta de la administración divisional, que asegura fue definida por parte del directorio de Codelco, no cumple con las aspiraciones mínimas de nuestros socios y socias. Nuestra intención es emular el plan de egreso que se estableció entre 2013 y 2016 (que determinó beneficios de salud de por vida). Por lo mismo, continuaremos insistiendo en que lo que hoy se nos ofrece, no está en absoluto a la altura de los trabajadores”, aseguraron a través de un comunicado los sindicatos 1, 2 y 3 de Chuquicamata y el 1 de Antofagasta, que concentran a más de 4.500 socios.
Junto con esto, desde las organizaciones laborales apuntan a conseguir, además, un seguro de salud para, al menos, aquellos trabajadores con enfermedades que se acojan a retiro. La idea es que esta póliza vaya más allá de los años estipulados por la compañía, con un costo que -según los cálculos de los propios trabajadores- rondaría las 4,4 UF mensuales, cuya mitad sería costeada por ellos mismos.
“No hay ninguna empresa en Chile ni en el mundo que vaya a quebrar por este Plan de Egreso. Lo que pasa es que este plan está demonizado, estigmatizado por las cosas que sucedieron entre 2013 y 2016, en el cual un grupo de ejecutivos de la minera tomaron atribuciones que no correspondían, que no estaban pactadas, y generaron un sobrecosto enorme, que hoy día nos quieren traspasar a los trabajadores”, comenta un dirigente sindical que prefiere guardar su identidad.
Fuente: El Mercurio
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